REFORMA O CONTRA REFORMA UNIVERSITARIA
La coyuntura actual respecto a la universidad pone dos temas en agenda: 1) se viene desprestigiando el concepto de Autonomía Universitaria, a causa de, la pelea entre sectores empresariales de educación y sectores docentes que reproducen la corrupción en las universidades, y 2) Seguimos teniendo un sistema universitario cada vez más lejos de los derechos ganados en 1° Reforma Universitaria, cada vez más el acceso a una universidad para quienes puedan pagarlo. Nos escribe Julio Castillo al respecto, desde Huacho:
ANTECEDENTES
A pesar que el desarrollo nacional del capitalismo era la mejor vía para el progreso y modernización de nuestra sociedad, la República independiente mantuvo el mismo sistema de organización feudal dejado por los españoles, con el mismo esquema de organización social y los mismos privilegios del nuevo poder político y económico, que paso de los peninsulares a los criollos. La universidad no fue ajena a este desenvolvimiento, como que hasta comienzos del siglo XX era una institución elitista, plagada de retórica y con carreras eminentemente humanistas, muy alejadas de la ciencia y la tecnología.
Eso justifica los movimientos de Reforma Universitaria, que a decir de Jorge Basadre (1975): “Planteó la necesidad de dotar de mayor solvencia científica, cultural y social a la universidad, además de dotar de los máximos derechos estudiantiles y su acercamiento con el pueblo”. (J. Basadre, “La vida y la historia”. Caracas. Digital). Por su parte, José Carlos Mariátegui, en su famoso libro: “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” (Lima, 1929), al referirse a la Reforma Universitaria decía: “Los postulados democráticos fundamentales que entronizan a la Reforma Universitaria están referidos a la presión de las mayorías por la democratización de la enseñanza, entendida como la participación de las más amplias masas populares en todos los niveles educativos y como el acceso de las clases pobres a la instrucción superior”. (Editorial Amauta).
Los postulados de la lucha por la Reforma Universitaria (iniciada en Córdoba, 1919) buscaba la transformación y modernización de la universidad; con un movimiento estudiantil, que como onda expansiva genero líderes, Federaciones estudiantiles y partidos políticos, pero que esencialmente se trató de un movimiento anti feudal que buscaba expulsar los contenidos y prácticas medievales de la organización, administración y estudios universitarios. En esa lucha, el movimiento estudiantil fue el sector más dinámico y consecuente para conseguir que sus principales postulados, como autonomía, libertad de cátedra y participación en el gobierno universitario sean consignados en las futuras leyes promulgadas, para el funcionamiento de las universidades.
LAS UNIVERSIDADES EN EL CONTEXTO ACTUAL
La crisis política, social y económica que hoy agobia al país tiene sus expresiones más claras en la forma como se maneja la educación, donde no se toman medidas y políticas coherentes para solucionar sus graves problemas que enfrenta, sin mayores perspectivas de cambio, como que su presupuesto sigue siendo insuficiente, con más del 30% de infraestructura en mal estado, falta de equipamiento y mejoramiento de redes o falta de implementación tecnológica, más allá de mantener sueldos miserables para los maestros. En esas condiciones se ha iniciado la enseñanza presencial.
En el nivel de educación superior la situación es parecida, porque desde hace varios años las universidades públicas son obligados a cubrir parte de su presupuesto anual (más del 40%), con recursos propios quienes, para paliar el sistemático abandono presupuestal deberán priorizar formas de autofinanciamiento basadas en los cobros a los estudiantes a través del incremento de las tasas educacionales. Además, que se recorta derechos fundamentales de la comunidad universitaria como la autonomía, y la libre participación de los miembros de la comunidad universitaria en el cogobierno. Mientras tanto, mantiene inalterable el lucro de las promotoras en las universidades privadas.
No debemos olvidar que Fujimori en los 90, para justificar su arremetida autoritaria, en su lucha contra el terrorismo, permite el ingreso de las fuerzas armadas y policiales a los recintos universitarios dando así un duro golpe a la autonomía universitaria. Aprovecha de esta situación para emitir los Decretos 739 y 882, eliminando la gratuidad de la enseñanza, la libertad de participación estudiantil en los órganos de gobierno, la libertad de cátedra, a la vez que promueve su política de promoción de la inversión privada en educación, que no era otra cosa que la mercantilización de la educación como lo establecían los lineamientos del FMI y el Banco Mundial.
La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) por el Presidente Ollanta Humala, adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones, termina por violar la Constitución Política (el artículo 18 establece, “La autonomía económica, académica, administrativa y de gobierno de las universidades”); en otras palabras, atenta contra la independencia de la vida académica universitaria, para la creación científica y la formación profesional. En la práctica la SUNEDU, al ser un organismo extraño a la universidad y con funciones que no le competen, no ha asegurado que las cosas sean diferentes a la fenecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), porque la corrupción de mafias organizadas sigue siendo el problema principal de las universidades públicas, que los sistemas de control interno no pueden o no quieren sancionar.
Por eso, cuando hablamos de proyectos contra reformistas, como lo que quiere implementarse, desde el Congreso, lo que se pretende es recortar los derechos políticos, sociales y económicos de los estudiantes, limitar su Autonomía, y reducir la inversión pública en educación, haciendo que sean los estudiantes quienes paguen su financiamiento vía el incremento de las tasas educacionales, concibiendo a la educación como un negocio sujeto a las leyes del mercado. Por eso, el atentado sistemático contra la autonomía universitaria y contra los derechos estudiantiles se da porque el neoliberalismo obliga a los gobiernos a reducir el gasto social.
En el caso de reducirle el control de la SUNEDU, vía cambio de la composición de su Directorio, lo que se busca es controlar el mercado educativo, con un empresariado que se capitalizó desde el gobierno de Fujimori y que ahora ostenta la propiedad del mayor número de universidades privadas. Estas, absorben la masiva demanda de estudiantes de los sectores de la clase media baja que no puede pagar las elevadísimas pensiones de la PUCP, la Universidad de Lima, la USIL, entre otras. Y, por otro lado, los grandes consorcios locales que buscan apropiarse íntegramente del mercado nacional; es decir, una lucha inter empresarial que tiene en el estudiantado a su principal víctima.
Por su parte, la ley 30220 trata de eximir al Estado de su responsabilidad en el financiamiento de las universidades públicas, a través de la promoción de mecanismos de autofinanciamiento que a la postre permitirán que los estudiantes y la ciudadanía financien a dichas universidades, lo cual es ya una forma encubierta de privatización que genera la priorización del lucro en desmedro del desarrollo académico, tan venido a menos en estos centros de educación superior. Lo mismo ocurre con las universidades privadas con la vigencia del espíritu del Decreto 882, así mismo se amplían los poderes absolutos de los propietarios de las mismas en desmedro de los estudiantes, docentes y trabajadores.
Frente a esta realidad, que el gobierno de Castillo no ha variado para no chocar con los intereses de los consorcios privados, LO QUE QUEDA ES RECOMPONER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES PARA IR CONSTRUYENDO UNA OPOSICIÓN SOCIAL QUE PLANTEE COMO ALTERNATIVA UNA SEGUNDA REFORMA UNIVERSITARIA QUE RETOME Y PROFUNDICE LOS POSTULADOS DE CÓRDOVA sosteniéndose en el espíritu crítico y radical de la juventud, pero, sobre todo obligar a que la universidad atienda las necesidades y urgencias del desarrollo social, lo que significa priorizar la investigación, la ciencia la, la tecnología y la estructuración y selección de carreras que vayan a tono con el desarrollo nacional, con acciones encaminadas a solucionar los más importantes problemas del país.
Finalmente, y no menos importante es la eliminación de la corrupción, y la mantención de clanes familiares que se valen de la autonomía (en la elección de autoridades), para mantenerla secuestrada y desnaturalizar su verdadera esencia de institución académica y difusora de ciencia y tecnología, además de promotora de permanente de la justicia social y de la elevación del nivel cultural del pueblo. En muchos casos, la incidencia política y control de organizaciones criminales, en las universidades públicas, limita sus funciones y las aísla de la sociedad. En ese sentido, es imperativo que la comunidad universitaria y sus organismos representativos (Consejos de Facultad y Asamblea Universitaria) y gremios organizados (docentes, estudiantes y administrativos), denuncien los actos de corrupción y exijan a los órganos de control interno sanción ejemplar para aquellos que cometen delitos y violaciones constantes a la ley universitaria.
Escribe: Julio Castillo Amado, 21/05/2022. Catedrático de la Universidad Faustino Sánchez Carrión y dirigente del Nuevo Perú – Huaura.
